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La Audiencia de Badajoz considera probado un plan delictivo urdido desde las altas instancias de la Diputación para beneficiar a David Sánchez, mientras el PSOE responde denunciando una cacería y señalando a la Justicia
El hermano de Pedro Sánchez ha sido condenado. No absuelto, no simplemente señalado, no víctima reconocida de un supuesto montaje mediático: condenado en primera instancia por un tribunal a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa.
La sentencia, dictada por unanimidad, todavía puede ser recurrida. Este hecho debe quedar claro, como también que David Sánchez ha sido absuelto del delito de tráfico de influencias. Pero el carácter recurrible de la resolución no permite actuar como si la condena no existiera.
La Audiencia Provincial de Badajoz considera probado que se creó una plaza pública innecesaria, vacía de contenido y diseñada para que fuera ocupada por David Sánchez. No fue, según el tribunal, un simple error burocrático. Fue una plaza confeccionada a medida, financiada con el dinero de todos y orientada a beneficiar al hermano del actual presidente del Gobierno. La sentencia sostiene que el puesto se adjudicó con “opacidad e irregularidad”.
Y David Sánchez no cayó solo. Hay once personas condenadas. Miguel Ángel Gallardo, expresidente socialista de la Diputación de Badajoz y antiguo líder del PSOE extremeño, ha recibido dieciocho años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación. David Sánchez y los otros nueve condenados han recibido nueve años.
Once personas no participan por casualidad en una sucesión de decisiones administrativas irregulares. Para crear, adjudicar, modificar y mantener los puestos investigados fue necesaria la intervención coordinada de responsables políticos, altos cargos y responsables administrativos. La sentencia describe una actuación organizada destinada a revestir de legalidad decisiones adoptadas previamente para favorecer intereses particulares.
La propia resolución habla de un “plan delictivo ideado por las más altas instancias” de la Diputación de Badajoz. El tribunal sostiene que los condenados actuaron “en connivencia” para favorecer a David Sánchez mediante la creación urgente de una plaza innecesaria, situando el interés particular de su futuro adjudicatario por encima del interés general.
La sentencia también considera probado que se creó otro puesto de alta dirección, igualmente innecesario y sin funciones reales, para beneficiar a Luis Carrero, amigo y antiguo colaborador de David Sánchez. Por esta segunda operación, Gallardo ha recibido nueve años adicionales de inhabilitación, hasta alcanzar los dieciocho.
Los magistrados califican los hechos como una actividad criminal “de despacho”, desarrollada dentro de una corporación piramidal, fuertemente jerarquizada y de carácter presidencialista. No lo afirma un partido de la oposición ni un tertuliano. Lo recoge la resolución del tribunal que ha juzgado el caso después de escuchar a los acusados, los testigos, las defensas, la Fiscalía y las acusaciones.
Por eso resulta especialmente grave escuchar nuevamente a representantes del PSOE hablar de conspiración, persecución política o maniobra para derribar al Gobierno. Tras conocerse la condena, el ministro Óscar Puente ha denunciado un intento de “derribar” al Ejecutivo ante la supuesta incapacidad de hacerlo en las urnas, mientras Patxi López ha calificado el procedimiento de “cacería”. El PSOE y el Gobierno han cerrado filas alrededor del hermano del presidente.
Los condenados tienen derecho a recurrir y a defender su inocencia ante instancias superiores. Pero una cosa es ejercer el legítimo derecho de defensa y otra intentar presentar a once condenados como víctimas y al tribunal como responsable de una persecución política.
La sentencia no es firme, pero tampoco es imaginaria. Existe, contiene unos hechos probados y establece unas condenas concretas. Cuestionar políticamente toda resolución desfavorable mientras se exige respeto absoluto para las sentencias favorables supone utilizar la Justicia únicamente cuando confirma el relato del partido.
Y así llegamos a la pregunta que Pedro Sánchez lleva demasiado tiempo evitando: ¿quién puede creer que no sabía absolutamente nada?
No existe una prueba judicial que permita afirmar que Pedro Sánchez ordenó personalmente la operación. La sentencia tampoco considera acreditado que una persona concreta ejerciera presiones directas sobre los condenados. Esta precisión es imprescindible y cualquier acusación penal contra el presidente que fuera más allá de los hechos probados sería irresponsable.
Pero la cuestión política permanece intacta. Resulta difícil creer que las más altas instancias de una Diputación dirigida por responsables de su partido organizaran una operación de estas características para favorecer a su hermano sin que ninguna señal llegara jamás al secretario general del PSOE.
No hablamos de una actuación solitaria ejecutada por un funcionario en una oficina remota. Hablamos de once condenados, una estructura administrativa jerarquizada, decisiones coordinadas y una operación cuyo principal beneficiario llevaba el apellido más poderoso del partido.
Sánchez ha convertido el distanciamiento en su coartada política universal. Los casos afectan a su hermano, a su esposa, al que fue su fiscal general o a antiguos colaboradores de máxima confianza, pero el presidente aparece siempre aislado de cualquier responsabilidad. Todo sucede a su alrededor y él nunca sabe nada, nunca detecta nada y nunca considera que deba ofrecer explicaciones más allá de denunciar una campaña política.
Si conocía lo que se estaba haciendo para beneficiar a su hermano y lo toleró, la responsabilidad política sería devastadora. Si no lo sabía, debería explicar cómo fue posible que once personas vinculadas a una Administración dirigida por responsables de su partido ejecutaran un plan delictivo para beneficiar a un miembro de su familia sin que se activara ningún control político o interno.
Ninguna de estas posibilidades permite presentar al presidente como una figura completamente ajena a lo sucedido. No existe, según la sentencia, responsabilidad penal acreditada de Pedro Sánchez, pero la responsabilidad política no exige una condena judicial personal: exige explicaciones, transparencia y asunción de responsabilidades cuando los hechos afectan directamente al núcleo familiar y político del jefe del Ejecutivo.
El patrón vuelve a repetirse. Primero se cuestiona la investigación, después se denuncia una conspiración y, cuando llega la condena, se pone bajo sospecha al tribunal. Ya ocurrió alrededor de Álvaro García Ortiz, el antiguo fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno, a quien el Tribunal Supremo condenó a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Ahora el mismo discurso reaparece con el hermano del presidente.
Esta vez no existe un único condenado al que aislar como supuesto chivo expiatorio. Hay once. Once condenas, un plan preconcebido, una actuación en connivencia y una plaza creada para beneficiar a David Sánchez.
No fue un desliz. No fue un funcionario despistado. No fue una coincidencia administrativa. Según la Audiencia Provincial de Badajoz, fue una actuación organizada dentro de una institución pública para poner la Administración al servicio de intereses particulares.
Y detrás de esa operación vuelve a aparecer el PSOE, la familia del presidente y un Pedro Sánchez que pide nuevamente a España que crea que, pese a encontrarse siempre rodeado por los escándalos, él nunca se entera de nada.
