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España registra la tasa más alta de riesgo de pobreza o exclusión social infantil de la Unión Europea, mientras miles de familias no solicitan las ayudas a las que podrían tener derecho por falta de información y dificultades burocráticas
Me cuesta imaginar la angustia de unos padres que no tienen dinero suficiente para alimentar bien a sus hijos. Ningún niño debería crecer con esas carencias. Y ninguna familia debería quedarse sin una ayuda que le corresponde porque no sabe cómo solicitarla.
Pienso también en los padres. En el miedo a que falte lo necesario y en tener que explicar a un hijo que algo no se puede comprar. Criar sin recursos añade una preocupación que merece una respuesta pública eficaz.
Según el INE, el riesgo de pobreza o exclusión social entre los menores de 16 años pasó del 29,9 % en 2018 al 33,9 % en 2025. Son los últimos datos publicados en 2026, con ingresos de 2024. El indicador reúne bajos ingresos, carencias graves o muy poco empleo en el hogar. No significa que todos esos niños pasen hambre.
El último año mejoró: bajó del 34,7 % al 33,9 %. Aun así, seguimos por encima de 2018, mientras el indicador general ha descendido. En la comparación de Eurostat para menores de 18 años, España presenta en 2025 la tasa más alta de riesgo de pobreza o exclusión social de toda la Unión Europea.
Las dificultades con la alimentación también están documentadas. En 2024, el INE recogió que el 2,2 % de los hogares con menores de 16 años no podía costearles fruta o verdura a diario, y el 2,4 % no podía pagarles una comida diaria de carne, pollo o pescado. Son necesidades básicas de niños que están creciendo.
Por eso preocupa tanto que las ayudas no lleguen a todas las familias que podrían recibirlas. No todo el mundo entiende una norma, sabe reunir los documentos o completar un formulario. Contratar a una gestoría cuesta dinero. Para quien apenas puede comprar comida o ropa, pagar esa gestión puede quedar fuera de sus posibilidades.
La AIReF, el organismo público que evalúa estas políticas, señaló que en 2025 el 71 % de los hogares que podían solicitar el complemento de ayuda para la infancia no lo hizo. Identifica barreras de información, comprensión y acceso. No todas las ayudas sin solicitar se explican por la burocracia, pero esas dificultades existen y deben resolverse.
La Administración ya cruza datos de Hacienda para regularizar automáticamente las cuotas de autónomos, tanto para cobrar diferencias como para devolverlas. También los consulta para comprobar los ingresos de quienes solicitan el ingreso mínimo vital. Debería aprovechar más esa capacidad para identificar a las familias que podrían recibir ayudas y facilitarles los trámites.
La AIReF propone avanzar hacia la concesión automática del complemento infantil con información del Registro Civil. Cuando los datos permitan comprobar el derecho, la ayuda debería llegar sin exigir una solicitud. Si falta información, la Administración debería avisar a la familia y ofrecerle atención gratuita, también presencial. Los padres necesitan apoyo para completar las comprobaciones.
Llamarse socialista no garantiza que una ayuda llegue a quien la necesita. Gobernar exige gestionar bien y responder por los resultados. Estas cifras deberían mover al Gobierno a corregir lo que falla. Los padres necesitan poder cuidar de sus hijos con tranquilidad. Y los niños necesitan comer bien y crecer sin verse privados de lo básico.
