|
El nuevo aplazamiento hasta 2028 reabre el debate sobre los costes y la incertidumbre que generan los continuos cambios normativos. Desde la firma de consultoría Concordes Tax & Legal advierten del impacto económico que esta situación está teniendo sobre empresas, autónomos y desarrolladores de software.
VERI*FACTU vuelve a cambiar de fecha. La adaptación de los sistemas de facturación, que durante años ha condicionado las decisiones de inversión de empresas y autónomos, se enfrenta ahora a un nuevo aplazamiento hasta 2028.
La normativa nació en 2021, pero sus especificaciones técnicas no estuvieron listas hasta finales de 2024. Desde entonces, los plazos han cambiado repetidamente, mientras numerosos negocios han dedicado tiempo y dinero a actualizar programas, contratar soluciones tecnológicas y modificar sus procedimientos internos.
La pregunta que surge es: ¿qué ocurre con las inversiones realizadas para cumplir con una obligación que vuelve a retrasarse?
«Las empresas necesitan certezas para poder planificar sus inversiones»
Para Fátima Jurado, responsable del Área Contable de Concordes Tax & Legal, los sucesivos cambios de calendario están teniendo consecuencias económicas especialmente importantes para las pequeñas y medianas empresas.
«Esta decisión vuelve a perjudicar a las empresas, especialmente a las pymes, que están incurriendo en gastos que podrían haberse evitado. Es fundamental que los plazos sean claros y estables para que cada negocio pueda planificar sus gastos y sus inversiones», afirma.
Jurado considera que uno de los principales problemas es la dificultad de organizar la actividad empresarial cuando las fechas de aplicación de las nuevas obligaciones cambian reiteradamente.
«Las empresas se toman muy en serio el cumplimiento de sus obligaciones. Se preparan, buscan soluciones y realizan inversiones para llegar a tiempo. Lo que genera frustración es comprobar que, por segunda vez, esas inversiones se han adelantado a una obligación que vuelve a retrasarse».
La responsable contable insiste en que el problema no es únicamente económico, sino también de confianza y previsibilidad.
Los sucesivos aplazamientos también han afectado a los desarrolladores de software, que han tenido que adaptar sus aplicaciones a las nuevas exigencias técnicas sin disponer de un horizonte definitivo de implantación.
«Las empresas desarrolladoras de software de facturación han realizado importantes inversiones para adaptar sus programas, sin saber si serán rentables o si surgirán nuevos cambios y exigencias. El coste de esta incertidumbre lo están soportando directamente las empresas y los profesionales del sector», señala Jurado.
Aunque no existe una cifra oficial auditada, en el sector se han manejado estimaciones de varios miles de euros por negocio, con importantes diferencias según sus características.
Desde Concordes consideran que una transformación tecnológica de esta magnitud necesita un calendario suficientemente estable para que empresas y proveedores puedan organizar sus inversiones con garantías.
«A muchos de nuestros clientes les recomendamos esperar, y el tiempo nos ha dado la razón»
La incertidumbre también ha obligado a los despachos profesionales a analizar individualmente las necesidades de adaptación de sus clientes.
Desde Concordes explican que han venido recomendando prudencia a los negocios con menor volumen de facturación, evitando inversiones precipitadas.
«A los autónomos y empresas con pocas facturas les aconsejamos esperar antes de realizar inversiones innecesarias. Este segundo aplazamiento nos ha dado la razón», explica Jurado.
En cambio, para las organizaciones con un volumen elevado de operaciones, la recomendación ha sido comenzar a preparar determinados cambios con mayor antelación.
«Cada empresa tiene unas necesidades diferentes. La clave no es adaptarse antes que nadie, sino hacerlo en el momento adecuado y con una solución que realmente responda a las necesidades del negocio».
El aplazamiento anunciado hasta octubre de 2028, todavía pendiente de aprobación normativa, no supone la desaparición de VERI*FACTU, pero vuelve a poner sobre la mesa el coste de la incertidumbre para el tejido empresarial.
Para Fátima Jurado, la solución pasa por establecer un calendario único, estable y definitivo que coordine VERI*FACTU con la futura factura electrónica obligatoria.
La responsable de Concordes concluye con una reflexión:
«No cuestionamos la necesidad de modernizar la facturación ni de combatir el fraude fiscal. Son avances necesarios. Pero las empresas necesitan seguridad y estabilidad para afrontar estos cambios sin asumir inversiones precipitadas o costes que podrían haberse evitado».
Mientras tanto, empresarios y autónomos tendrán que seguir pendientes de una nueva fecha en el calendario. Y confiar en que, esta vez, sea la definitiva.
