En un artículo publicado hoy en el diario El Mundo, los juristas Daniel Berzosa y Teresa Freixes, especializados en derecho constitucional, señalan que la reciente sentencia de denegar la ejecución de la orden europea de detención y entrega del exconsejero de la Generalitat, Lluís Puig, constituye “una violación de la legislación de la Unión Europea”, así como “una afrenta a la justicia y a la democracia españolas y una agresión a la construcción del Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia”.
En el texto, los autores definen la decisión como “insostenible en lo jurídico y muy grave en lo político”. En este sentido, subrayan que el estado que recibe una euroorden “no puede revisar la interpretación del tribunal del Estado que la emite según su derecho procesal”. “Es como si un tribunal belga emita una OEDE que deba ejecutarse en España y un tribunal español la deniega porque estima jurídicamente inapropiado el hecho de que la legislación procesal belga contemple la posibilidad de dictar sentencias a ‘puerta cerrada’”, añaden.
“Increíble, delirante, inaceptable”. Así tildan Berzosa y Freixes el “adefesio” de sentencia. Los autores, además, concretan una serie de puntos que, a su modo de ver, se tendrían que tener muy en cuenta. Por ejemplo, insisten en que “un tribunal de un estado miembro no puede revisar la aplicación de las normas de competencia judicial de otro estado miembro”. Además, apuntan que “el tribunal belga tiene aún menos competencia para pronunciarse sobre la conexión del individuo reclamado por el Tribunal Supremo español respecto de los demás procesados, aforados precisamente ante ese Alto Tribunal”. Finalmente, los juristas concluyen que la decisión del tribunal belga es “arbitraria y contraria a Derecho, al carecer de base legal o jurisprudencial europea alguna”. “Por lo que se debe revocar”, añaden.
“Problema estructural”
Según los autores, la sentencia también revela un “problema estructural” de la justicia belga. “Las constantes torceduras de la justicia blega para proteger a los huidos de la justicia española que se autodenominan ‘presos políticos’ no solo ofenden a la decencia y la inteligencia de cualquier jurista, sino que, lo que es más grave, atacan al Derecho y al de la Unión Europea en particular, así como al proceso de integración europea”.
Para los juristas, con dicha sentencia, la euroorden “ha quedado herida de muerte”. Es por ello que Berzosa y Freixas piden a través del artículo, titulado ‘La justicia belga contra la UE’, que el Gobierno español se pronuncie sobre un asunto que “se ha convertido en una impugnación de su Estado de Derecho”. “Los europeístas, los gobiernos de los Estados especialmente implicados en esa construcción y las instituciones europeas también deberían manifestarse; pues no solo está en juego un espacio común judicial, sino la propia construcción de la Unión Europea”.
Autor: Redacción
Radio en directo
