Sophie Blanc lamenta que el sistema de “ventanilla única” tendrá consecuencias

A partir de este reciente 1 de enero se ha establecido la implementación del sistema de ‘ventanilla única’ para empresas, una herramienta que tiene como objetivo aglutinar la gestión de los trámites de creación, modificación o exclusión de sociedades bajo una sola organización con vistas a la simplificación. El pasado 13 de diciembre, mediante una pregunta escrita, la diputada de los Pirineos Orientales a la Asamblea Nacional, Sophie Blanc, se refería a dicho asunto al Ministro de Economía, Bruno Le Maire. 

Anteriormente, estas solicitudes se hacían mediante varios actores, como por ejemplo cámaras de Comercio e Industria, registros judiciales de comercio, cámaras de Agricultura o, incluso, la Unión para el Cobro de las Cotizaciones a la Seguridad Social y Asignaciones Familiares (URSSAF). No obstante, el decreto del 30 de julio de 2020 designó al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) como el operador y gestor de dicho proyecto de ventanilla única electrónica destinado a agrupar los trámites aplicables a las empresas. Más adelante, el decreto del 18 de marzo de 2021 permitió especificar un periodo de transición hasta el pasado 31 de diciembre de 2022, durante el cual los distintos actores podían seguir recibiendo trámites de las empresas. 

A pesar de ello, actualmente surgen dudas con relación a la capacidad de la ventanilla única electrónica para registrar todas las solicitudes de las empresas a partir del 1 de enero de este año. Así pues, antes de dicha fecha solo se realizaban los trámites de creación de empresas posibles, no estando por el momento operativas las de modificación o cancelación, que son las operaciones jurídicas más complejas. Por otro lado, más del 90% de los trámites de creación que realiza la ventanilla única son los relativos a las microempresas, que a su vez son las operaciones más sencillas. Dichos datos, por tanto, cuestionan la capacidad de la ventanilla única para tramitar todo tipo de flujo de trámites de sociedades -como cambios de administrador, traslados de domicilio social, fusiones o aportaciones parciales de patrimonio, por citar solo algunos ejemplos-.

Mediante su pregunto, Blanc quiso saber qué tenía previsto el Gobierno acerca de la continuidad de este servicio público más allá del 31 de diciembre pasado y si el portal Infogreffe, el sitio de referencia con 2,5 millones de trámites en 2021, podría mantenerse para tranquilizar a los empresarios y profesionales sobre las posibles consecuencias económicas que pueden padecer en caso de degradación del servicio.

Autor: Redacción