Los separatistas siguen desafiando el marco constitucional

Sigue la guerra abierta entre el bloque independentista -JxSí y la CUP- y la legalidad española. Y parece que no ha hecho nada más que empezar. Si la semana abría con la Diada y la manifestación por las calles de Barcelona, hoy el ‘procés’ vuelve a centrar la actualidad informativa. A primera hora de la mañana, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras ha comunicado al ministro Montoro que no enviará informes con los gastos del referéndum ilegal. El ministerio de Hacienda obligaba a la Generalitat a enviar -semanalmente- un certificado para demostrar que no habían partidas destinadas a la celebración del 1-O. De momento, el Gobierno no ha respondido a la negativa de Junqueras pero parece que podría llegar mañana tras el Consejo de Ministros. 

La negativa de Junqueras a la petición del ministerio de Hacienda ha pasado en un segundo plano, cuando la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado un acuerdo para facilitar puntos de votación durante el hipotético referéndum. “Cumplimos con nuestro compromiso en Barcelona: el 1 de octubre se podrá votar sin poner en riesgo ni la institución ni los servidores públicos”, ha escrito Colau en Twitter. Con este anuncio, la alcaldesa Colau se suma a la política de desobediencia del bloque independentista, ya que el secretario del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Cases ha advertido que la cesión de locales queda fuera del marco legal. 

Y la lista de despropósitos concluye esta tarde en Tarragona con el inicio de la campaña por el ‘sí’. A partir de las 8 de la tarde, el Tárraco Arena acogerá el mitin organizado por JxSí y la CUP en el que será la puesta en escena de los partidos separatistas. El desafío será una realidad pese a la suspensión de los actos vinculados con el 1-O. El presidente Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras seguirán con su estrategia: ignorar el marco constitucional. Tampoco han servido las advertencias del gobierno español al responsable del Tárraco Arena de Tarragona. El delegado del gobierno central en Cataluña, Enric Millo, ha explicado que ceder el espacio para la celebración del mitin puede ser delito tras la suspensión de TC. No obstante, parece que también habrá un acto de desobediencia por parte del responsable del recinto. 

Autor: Redacció