El pasado 26 de octubre, agentes de los Mossos d’Esquadra se dirigían a una planta incineradora de Sant Adrià de Besòs para quemar unos documentos relacionados con el ‘procés’. Tras un chivatazo, la Policía Nacional interceptó las 30 cajas para conocer su contenido. Pues bien, según fuentes judiciales, entre las cajas había un documento que indicaba el desvío de 3 millones de euros para la causa independentista.
Aún no se conocen los detalles pero todo indica que una de las entidades más beneficiadas sería Òmnium Cultural, la organización que en su momento era presidida por Jordi Cuixart. En estos momentos, la UCO (Unidad Central Operativa) y la Guardia Civil están investigando quién se benefició de los 3 millones de euros. En este sentido, la UCO investiga empresarios que habrían participado en la organización de actos suspendidos por la justicia española.
En el juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, dirigido por el juez Juan Antonio Ramírez Suñer, también quieren determinar la procedencia del dinero. Ramírez Suñer, quién ha destapado los apuntes contables, piensa que se podría tratar de dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), es decir, dinero estatal enviado a la Generalitat para que pagara deudas e impagos. De hecho, los 3 millones de euros podrían ser los mismos que Hacienda había detectado cuándo intervinieron las cuentas de la Generalitat para evitar que se desviara dinero hacia el ‘procés’. Un dinero, que, entre otras cosas cubría ámbitos como Sanidad.
Por su parte, la Abogacía del Estado se ha personado en Juzgado 13 de Barcelona para pedir a Ramírez Suñer que no intervenga en la causa, y lo haga a favor del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. La Abogacía del Estado pretende que Llarena asuma este presunto delito de malversación y, de esta forma, asegurarse que se tengan en cuenta los otros delitos: rebelión y sedición.
Autor: Redacción
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