Maricarmen: seis días para una urgencia que llevaba décadas esperando

El 23 de septiembre, Maricarmen, de 87 años, salió en camilla de la vivienda madrileña en la que había vivido durante más de setenta años. La imagen recorrió España y consiguió lo que miles de desahucios anteriores no habían conseguido: manifestaciones, una acampada en la Puerta del Sol, enfrentamientos entre administraciones y una súbita carrera política para cambiar las reglas.

Lo curioso es que el problema jurídico de Maricarmen no había nacido aquella semana.

La regulación que terminó afectando a su contrato procedía de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Desde entonces han gobernado PSOE y PP, se han sucedido reformas, ministros, leyes y promesas, pero aquella situación permaneció ahí. Durante décadas no pareció existir una emergencia nacional. Bastaron una camilla y unas cámaras para descubrirla.

Conviene recordar algo elemental incluso cuando una imagen resulta dolorosa: los jueces aplican las leyes que aprueba el poder político. Si una norma es injusta o ha quedado obsoleta, corresponde cambiarla. Lo extraño es mantenerla durante treinta años y, cuando finalmente produce una imagen insoportable, comportarse como si el problema hubiera aparecido esa misma mañana.

Maricarmen tampoco estaba sola. En 2025 se practicaron más de 24.000 lanzamientos en España. No todos correspondieron a familias vulnerables ni a viviendas habituales, pero la cifra permite entender la dimensión del fenómeno. Miles de procedimientos antes de Maricarmen, miles de historias que nunca abrieron informativos y miles de personas cuyos nombres no aprendimos.

Y seis días después llegó la política. El Gobierno aprobó dos decretos de vivienda con nuevas protecciones frente a determinados desahucios, prórrogas de contratos y otras medidas sobre el mercado del alquiler. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ellas, pero la cronología resulta fascinante: un problema conocido durante años necesitó menos de una semana para convertirse en una urgencia legislativa.

Ese mismo día se ejecutaba en Mataró el desahucio de otra familia vulnerable. Entre sus miembros había una persona con una discapacidad reconocida del 87 % y tres menores, uno de ellos con autismo. Pero esta vez no era Madrid, no era Maricarmen y no había una imagen convertida en símbolo nacional. El drama seguía siendo el mismo; lo que había cambiado era el foco.

No hace falta hablar de conspiraciones para observar algo bastante más sencillo: la política también funciona por imágenes. Miles de expedientes producen una estadística. Una señora de 87 años saliendo en camilla produce una crisis política. Y cuando aparece la imagen adecuada, aquello que podía esperar durante años pasa a necesitar un Consejo de Ministros seis días después.

El problema empieza cuando la emoción de un caso particular se convierte inmediatamente en legislación general. Una ley de alquiler no regula únicamente la vida de quien puede perder su vivienda. También regula los derechos de quien la posee, de quien la alquila mañana y de quien está pensando si poner o no su piso en el mercado. Proteger a una persona vulnerable puede ser necesario, pero de ahí no se deduce automáticamente que el coste de protegerla deba asumirlo un propietario particular.

Ahí está la pregunta incómoda. Si alguien pierde su empleo, enferma o ya no puede pagar el alquiler, una sociedad puede decidir que no debe quedarse en la calle. Perfecto. Para eso existen los servicios sociales, las ayudas, la vivienda pública y los presupuestos de las administraciones. Lo extraño es considerar un derecho de todos y después enviar una parte de la factura a un ciudadano concreto porque casualmente figura como arrendador en el contrato.

Y tampoco todos los propietarios son el fondo buitre de nuestras pesadillas favoritas. Hay fondos, sociedades y grandes tenedores, naturalmente, pero también matrimonios que compraron un segundo piso, personas que heredaron la vivienda de sus padres y jubilados que complementan su pensión con un alquiler. Meterlos a todos en el mismo saco tiene una ventaja política formidable: permite que la palabra propietario termine sonando casi como una acusación.

Además, existe un problema que ningún decreto puede derogar: faltan viviendas allí donde mucha gente quiere vivir.

Suspender un lanzamiento puede evitar un drama hoy; prorrogar un contrato puede proteger al inquilino que ya está dentro. Pero ninguna de esas medidas construye el piso que buscará mañana otra familia. Y si aumentar las obligaciones o la incertidumbre termina haciendo que algunos propietarios retiren viviendas del alquiler, el problema no desaparecerá. Simplemente cambiará de víctima.

España necesita proteger a quien queda en una situación extrema, pero también necesita más viviendas, más oferta pública y privada y una Administración capaz de reaccionar antes de que aparezca una anciana en una camilla delante de veinte cámaras. La política social no debería depender de qué desahucio consigue convertirse esa semana en tendencia nacional.

Hay, además, una ironía final. Maricarmen podrá regresar a su vivienda gracias a un acuerdo entre sus representantes y la propiedad, alcanzado con mediación municipal y mediante un nuevo contrato. La solución concreta llegó negociando mientras el país discutía cómo rehacer sus leyes alrededor de su caso.

Maricarmen necesitaba una solución. La familia de Mataró también. Y los próximos desconocidos que nunca tendrán una cámara esperando en la puerta también la necesitarán.

Si consideramos que una persona vulnerable no debe quedarse sin alternativa habitacional, entonces hay que construir un sistema capaz de garantizarlo siempre, no únicamente durante la semana en que un caso conmueve a todo el país.

Porque si la vivienda es una responsabilidad de los poderes públicos, la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué, cuando esos poderes públicos llegan tarde, la factura acaba tantas veces encima de la mesa de un propietario particular?

Autor: Marta Martín García