Autónomos y pymes: deterioro de sus posibilidades y recursos

Detrás de una pequeña empresa suele haber una familia: personas que arriesgan sus ahorros, trabajan sin un sueldo garantizado y, cuando contratan, asumen la responsabilidad de mantener otros empleos. En los últimos días, el presidente del Gobierno ha hablado del perjuicio que causaría la oposición a los autónomos, por lo que vamos a analizar su actualidad. Durante estos años de Gobierno de Pedro Sánchez se han acumulado cotizaciones, obligaciones y trámites que consumen sus recursos físicos y económicos. Quien levanta una persiana necesita clientes y una Administración que comprenda cuánto cuesta mantenerla abierta.

Desde enero de 2023, los autónomos cotizan según sus rendimientos netos, pero el cálculo merece una explicación. En estimación directa, al beneficio declarado en la renta se le vuelven a sumar las cuotas de autónomos descontadas como gasto. Después se aplica una deducción general del 7 %, o del 3 % para determinados societarios. No es dinero nuevo que haya entrado en el negocio: se calcula la cotización sobre una cantidad distinta del beneficio fiscal, una forma un poco ilógica de calcularlo, ya que las cotizaciones sociales son un gasto obligatorio para desarrollar la actividad. Además, deben prever sus ingresos, escoger una base dentro de su tramo y afrontar una regularización posterior.

Para algunos rendimientos bajos se redujeron las cuotas; para otros, aumentaron. Pero ganar menos que el salario mínimo no exime automáticamente de cotizar cuando la actividad obliga a estar de alta. Un autónomo puede trabajar todo el mes sin conseguir ingresos suficientes para vivir y seguir obligado a pagar. Defiendo que tenga mayor libertad para elegir su base, con una protección mínima y sabiendo cómo afectará esa decisión a sus prestaciones.

Contratar también implica nuevas cargas. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el MEI, comenzó a cobrarse en 2023 y alcanza el 0,9 % en 2026: un 0,75 % corresponde a la empresa y un 0,15 %, al trabajador. Con tres empleados cuya base mensual sea de 2.000 euros cada uno durante doce meses, el negocio paga 540 euros adicionales al año solo por este concepto. Salen de la misma caja que los alquileres, los proveedores y las nóminas.

Mientras aumentan los costes, determinadas ayudas se recortan. Como explicamos la semana pasada, en las sustituciones bonificadas por nacimiento y cuidado de un hijo, la cobertura del 100 % de las cuotas empresariales prevista por la normativa fue sustituida en septiembre de 2023 por 366 euros mensuales por persona. Cuando las cuotas superan esa cantidad, la diferencia queda a cargo del negocio. Respaldar la conciliación exige apoyar también a quienes cubren esas ausencias.

La carga administrativa tampoco termina al pagar. El registro diario de jornada se generalizó en 2019 y el registro retributivo alcanza a las empresas pequeñas. Los planes de igualdad se exigen, con carácter general, a las empresas de 50 trabajadores o más. No todas las obligaciones son iguales, pero una empresa familiar sin departamento de personal debe dedicar tiempo y dinero a conocer y documentar cada exigencia. Proteger derechos y adaptar los trámites a los recursos de un negocio de cuatro trabajadores también es saber gestionar.

El IRPF puede llevarse un porcentaje mayor sin que se anuncie una subida de tipos. Los límites de los principales tramos estatales siguen donde estaban en 2017 y el mínimo personal general continúa en 5.550 euros. Si el beneficio aumenta únicamente para compensar la inflación, el autónomo puede pagar proporcionalmente más sin ganar poder adquisitivo. El Banco de España ha documentado este efecto: congelar los parámetros del impuesto también tiene consecuencias.

Desde 2023, el hecho de haber estado de alta como autónomo obliga a presentar la declaración de la renta, con independencia de los ingresos. En 2021 se redujo de 2.500 a 1.000 euros el límite para pagar en efectivo operaciones cuando interviene un empresario o profesional. Hacienda debe perseguir el fraude, pero también ofrecer procedimientos comprensibles y un trato proporcionado. Cumplir no debería convertirse en una carrera de obstáculos para quien carece de un departamento jurídico.

Según información facilitada por diversas asesorías, estas reciben habitualmente notificaciones de Hacienda puestas a disposición los viernes después de las ocho de la tarde y de la Seguridad Social, de madrugada. Estas fuentes señalan que colegios profesionales han trasladado quejas a ambas administraciones. ¿Por qué no organizar su envío en horario laboral? Tener un plazo no evita la angustia de pasar el fin de semana sin comprender una reclamación. El autónomo también necesita descansar.

Los servicios públicos necesitan financiación. Precisamente por eso hay que cuidar a quienes contribuyen a sostenerlos. Cada cierre puede llevarse empleos, ahorros y el sustento de una familia. Este Gobierno debe explicar por qué añade cargas mientras reduce determinados apoyos y mantiene trámites que podrían simplificarse. Lo público merece protección, y el tejido privado que contribuye a financiarlo también. Debilitar a las pymes y a los autónomos acaba perjudicando al conjunto de la sociedad.

Autor: Marta Martín García